3) Elabore un texto argumentativo sobre el derecho de las
personas a una vivienda digna. (1,5 p.)
Es fácil decir lo que dice nuestra
Constitución: todo el mundo tiene derecho a una vivienda digna. Pero, ese
mandato, ¿a quién va dirigido? ¿Al parlamento, que es quien redacta las leyes?
¿Al gobierno, que es quien dirige el país? ¿A los bancos, que son los que al
final tienen la llave de nuestra felicidad? Yo creo que más bien es un deseo
vacío de contenido, una ilusión utópica. En el siglo XXI sabemos llegar a
Marte, pero somos incapaces de garantizar a cada ser humano lo imprescindible
para su dignidad: educación, salud, trabajo y sí, también una casa.
La historia reciente nos enseña cómo la
vivienda no es un derecho, sino una fuente de ingresos desorbitados para unos
pocos, bancos, constructores e inmobiliarias, una tentación gigantesca para
gobiernos, sobre todo locales, y un motor engañoso de la economía nacional. De
paso, la herramienta ideal para destruir paisajes naturales o entornos de valor
medioambiental. Durante más de diez años en este país se ha construido a un
ritmo insostenible, más que en varios países de Europa juntos. Había dinero
para todo, aunque el suelo y el ladrillo estuviera por las nubes. Aunque fueran
viviendas para nadie, para revender, para hacer crecer eso que se llamó la
burbuja inmobiliaria. Burbuja que pinchó de golpe y que se ha llevado por
delante no solo a empresarios avariciosos que invirtieron sin freno, también a
personas muy normales que compraron su casa con mucho esfuerzo a un precio
imposible, que se han quedado sin trabajo y que ahora se ven desesperados y en
la calle.
¿Qué debe hacer el Estado ahora?
¿Lavarse las manos? ¿Decir “mala suerte"? Desde mi punto de vista debería hacer
caer el peso de este desastre sobre sus culpables. En primer lugar, los
especuladores. Los empresarios que se hayan entrampado, allá ellos. Corrieron
su riesgo. En segundo lugar, los bancos. Si dieron créditos de manera
irresponsable, ahora no exijan responsabilidad a sus deudores. Estamos ante un
caso de emergencia nacional. Nadie puede ser expulsado a la calle por haber
perdido su trabajo y no poder pagar una hipoteca razonable. Ni un desalojo, ni
un desahucio más. Por eso, porque lo dice la Constitución y porque lo dice el sentido
común: todos tenemos derecho a una vivienda digna.
